CONSEJO DIRECTIVO
El Moro es un Club de Campo y está dentro de la ley, no hay otra verdad

En los inicios de la semana navideña, más precisamente el sábado 22 de diciembre, los morenses fuimos espectadores de una acción propagandística desplegada por anónimos actores, quienes apostados en el cruce de la Av. Dr. Marcos Paz y la calle Agüero (donde se encuentra la estación de servicio Shell) entregaron volantes con el título: “LA VERDAD DEL MORO – El Club de Campo ES ILEGAL”. Con el mismo anonimato y similares leyendas, colocaron pasacalles en dos puentes sobre la ruta 40.

Para arribar a tal conclusión, el panfleto invita a buscar a El Moro en el listado de barrios cerrados y clubes de campo del sitio web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A continuación, sentencian: “NO ESTÁ – NO EXISTE”. Acompañando al volante, adjuntaron fotocopia de algunas fojas de una actuación administrativa que habría corrido ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial en la que se habría contestado un oficio en igual sentido.

Sólo el desconocimiento supino del derecho o la mezquina y antijurídica pretensión de que otros paguen los servicios de los que ellos gozan pueden explicar tan insólitas como erróneas aseveraciones.

La aludida Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) tiene como incumbencia “acompañar los procesos de planificación que permitan encauzar el desarrollo del territorio, en el marco de la normativa provincial, en el ejercicio de su rol como autoridad de aplicación del DL 8.912/77 – TO 3389/87)”. A su vez, la Resolución N° 194/03 de dicho ministerio dispone: “Art. 2º – Se inscribirá en el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas los Barrios Cerrados y Clubes de Campo con convalidación técnica definitiva, y su inscripción será requerida como condición previa indispensable para proceder a la comercialización de las unidades integrantes de los emprendimientos, de acuerdo con lo establecido por el Art. 7º del decreto 1.727/02”.

Como explicamos en múltiples oportunidades: los clubes de campo y barrios cerrados nacidos a posteriori del dictado del decreto-ley 8.912/77 (conocido como “Ley de Uso del Suelo”), deben hacerlo ajustándose a sus diposiciones, en especial a la del artículo 64 y concordantes y a las del decreto 9.404/86. Ello significa que los emprendedores de cada proyecto deberán presentarlo a la referida Dirección Provincial a efectos de que ésta apruebe su prefactibilidad y luego la factibilidad. Una vez logrado esto, el emprendimiento quedará registrado como barrio cerrado o club de campo de conformidad con la referida resolución.

Por el contrario, las urbanizaciones que se desarrollaron con anterioridad al dictado de dicha norma obviamente no están alcanzadas por la misma y a ellas no les son aplicables sus disposiciones. Por tal razón, ninguna se encuentra dentro de dicho registro, ya que su nacimiento es anterior a la ley precitada (que no tiene efecto retroactivo).

Y ya que de buscar registros se trata, bueno es hacerlo yendo al website de la Federación Argentina de Clubes de Campo (www.facc.com.ar), donde se pueden observar las entidades adheridas, entre ellas las más emblemáticas de la Argentina, a saber: Mapuche Country Club, Tortugas Country Club, Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), San Diego Country Club o Highland. Las nombradas no figuran en el registro de la dirección provincial aludida. ¿Nuestros detractores se animarán a afirmar que ninguna de ellas es un club de campo?

Resumiendo lo dicho: la totalidad de los clubes de campo preexistentes al dictado del decreto-ley 8.912/77 están excluidos del registro que enarbolan los agitadores porque no corresponde que estén, por lo menos hasta que una ley nacional que unifique los criterios determine lo contrario.

Otra cuestión enarbolada como una verdad revelada por estos detractores anónimos se basa en otro error garrafal: la municipalidad no percibe tasas por alumbrado, barrido y limpieza, sino que el concepto es “tasa por servicios generales”, entendiéndose por tales a las que se deben pagar con prescindencia de los servicios específicos que se reciban del municipio. Es decir, los contribuyentes de Marcos Paz pagamos esa tasa como contraprestación de los servicios generales como el hospital público, los semáforos, la policía de tránsito comunal, los bomberos, el mantenimiento de los parques y plazas, las acciones sociales a favor de la población, entre otras. Por ello constituye un despropósito afirmar que por el pago de dicha tasa la municipalidad deba brindar determinados y específicos servicios como la recolección de residuos dentro de nuestro predio que hoy están en cabeza de la asociación civil Club de Campo El Moro.

Por último, en el panfleto dicen: “Queremos un lugar organizado legalmente en el que todos podamos decidir y en el que la Municipalidad cumpla con sus obligaciones”. Les informamos, por si no están enterados: hace más de 20 años que nuestro Club de Campo está organizado legalmente, de conformidad con el decreto-ley 8.912/77 (art. 67 y ccdts.) y el decreto 9.404/86 (art. 3º y ccdts.). El Moro una urbanización cerrada porque inequívocamente su conformación urbanística lo es, como lo reconoce taxativamente la ordenanza municipal de zonificación Nº 32/83 (convalidada por el decreto 1.354/89), la que en su apartado 4.6.3. la ubica dentro del sector ZRE designándola en forma explícita como “zona residencial extraurbana Club de Campo El Moro”. Y ese cerramiento fue dispuesto a través del dictado de las ordenanzas números 94/89 y 33/90. Es decir, si no hubiera sido reconocido como club de campo preexistente, no se habría autorizado el cerramiento perimetral ni se hubiera producido el cambio del estatus jurídico de las calles internas.

También les recordamos que de resultas del dictado de las ordenanzas aludidas, nuestra entidad modificó su estatuto para adaptarlo al nuevo rol administrador, estableciendo la categoría de “propietario con derechos reservados”, que es aquel que, habiendo adquirido el dominio con anterioridad al dictado de aquellas, goza del beneficio de optar por recibir los servicios sin tener que abonar nada a cambio.

Finalmente, a estos detractores –que pretenden vivir en un club de campo recibiendo y disfrutando de todas sus ventajas sin pagar por ello a pesar de ser compradores posteriores a la vigencia de las normas y de la implementación de los servicios a la comunidad– les advertimos: no nos amedrentamos con panfleteadas ni pasacalles, porque la verdad y la ley están de nuestro lado (cabe recordar que hasta el presente no hemos recibido ningún pronunciamiento judicial que determine que carecemos de derecho para perseguir el cobro compulsivo de las expensas, sino que por el contrario todos los jueces vienen convalidando nuestras acciones). Quienes pretendan vivir del esfuerzo ajeno, tendrán que lograrlo mediante la obtención de una sentencia judicial firme que así lo disponga. Mientras tanto, seguiremos adelante con nuestras acciones de cobro hasta el último de los deudores y hasta el último peso.